El experto en seguridad Jean Paul Pinto considera que la decisión del Gobierno Nacional de convocar a militares y policías en servicio pasivo para incorporarse al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria podría aportar personal con experiencia en estructuras jerárquicas y disciplina. Sin embargo, advirtió que esta medida, por sí sola, no resolverá los problemas del sistema penitenciario.

Pinto sostuvo que uno de los principales riesgos es la posibilidad de que los nuevos funcionarios sean captados por grupos delictivos. A su criterio, la remuneración ofrecida por el Estado podría resultar insuficiente frente al poder económico de las organizaciones criminales, que podrían intentar influir sobre el personal mediante ofertas de dinero o amenazas dirigidas a ellos o a sus familias.

En ese escenario, señaló que algunos servidores podrían ceder a las presiones de las estructuras criminales, mientras que otros optarían por abandonar sus funciones para proteger su integridad.

El especialista también enfatizó que, independientemente de que se incorporen militares, policías en servicio pasivo o personal civil, será necesario implementar mecanismos permanentes de control interno. Entre ellos mencionó el seguimiento al patrimonio de los funcionarios, el monitoreo de su actividad en redes sociales, el uso de herramientas de contrainteligencia y la rotación periódica entre los distintos centros de privación de libertad, con el fin de reducir el riesgo de corrupción.

Asimismo, advirtió que los nuevos agentes requerirán capacitación específica para desempeñarse dentro del sistema penitenciario. Explicó que existe la percepción de que militares y policías ya cuentan con los conocimientos necesarios para cumplir estas funciones; sin embargo, aseguró que la gestión de un centro de privación de libertad responde a dinámicas distintas a las del control fronterizo o las labores habituales de la Policía.

Finalmente, Pinto pidió actuar con cautela ya que, si las organizaciones criminales logran infiltrar a los nuevos funcionarios, podrían contar con personal entrenado y con mayores capacidades operativas dentro del sistema penitenciario.

Fernanda Vera, CORAPE.