Habitantes de la comuna San Felipe de Molleturo, en Azuay, llegaron hasta la Corte Constitucional para presentar un documento respaldado por 6 mil firmas. La acción busca que se mantenga vigente la sentencia de 2018 que suspendió las operaciones del proyecto minero Río Blanco. Los comuneros aseguran que aún existirían intentos por reactivar las actividades extractivas en la zona.

Durante la jornada, dirigentes comunitarios denunciaron que varios pobladores han enfrentado procesos judiciales por oponerse a la minería. También alertaron sobre presuntos hechos de violencia contra personas vinculadas a la defensa del territorio y de las fuentes de agua. Estas situaciones, aseguran, han marcado la resistencia de las comunidades en los últimos años.

El activista ambiental Yaku Pérez recordó que el fallo judicial determinó irregularidades relacionadas con la falta de consulta previa a las comunidades. Además, la comuna insiste en que la explotación minera pondría en riesgo los recursos hídricos, la producción agrícola y la salud de los habitantes de la zona.

Nicolle Mendoza, CORAPE.