Mediante el Decreto Ejecutivo 448, el presidente Daniel Noboa declaró como política pública el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, una hoja de ruta para enfrentar el conflicto armado interno y el control territorial de los grupos de delincuencia organizada. El abogado penalista y experto en seguridad Francisco Estupiñán calificó la iniciativa como positiva, aunque advirtió que presenta vacíos importantes.

El especialista señaló que el documento no incorpora una evaluación de los planes de seguridad anteriores ni establece un mecanismo para medir la implementación y los resultados de las 99 estrategias contempladas en el plan.

Estupiñán también cuestionó que entre las estrategias se plantee mantener la presencia militar en centros penitenciarios y distintos territorios del país, al considerar que esta medida podría implicar riesgos, como el uso excesivo de la fuerza.

El Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 está estructurado en siete objetivos nacionales y 99 estrategias. Sin embargo, el experto sostiene que su efectividad dependerá de una ejecución adecuada, así como de un seguimiento y evaluación permanentes de sus resultados.

Nicolle Mendoza, CORAPE.